Binyam Mohamed vuelve a casa desde Guantánamo, mientras aumentan las
acusaciones de tortura
21 de febrero de 2009
Andy Worthington
The
Washington Post publicó el viernes la noticia de que Binyam Mohamed,
residente británico, preso de Guantánamo, víctima de "entregas extraordinarias"
y torturas, y objeto de casos judiciales de gran repercusión a ambos lados del
Atlántico, regresará al Reino Unido "a principios de la semana
próxima", según "una fuente implicada en el proceso, que habló bajo
condición de anonimato porque no está autorizada a hablar sobre el tema."
Binyam ha oído estos rumores antes -desde diciembre, de hecho, cuando
dijo a sus abogados: "Ha llegado a mi conocimiento a través de varias
fuentes fiables que mi liberación de Guantánamo al Reino Unido había sido
ordenada hace varias semanas"-, pero ahora parece haber pocas razones para
dudar que los rumores sean ciertos. Aunque la historia de la entrega y tortura
de Binyam (durante 18 meses en Marruecos, de julio de 2002 a enero de 2004, y
luego en la "prisión
oscura" de la CIA en Afganistán) es de dominio
público desde hace tres años y medio -y hace tiempo que se ha establecido
que el complot para detonar una "bomba sucia" radiactiva en Nueva
York, en el que supuestamente estuvo implicado, no
era en absoluto un complot, y que sólo había confesado haber participado en
él debido a las torturas a las que fue sometido -la administración Bush sólo
abandonó sus afirmaciones a regañadientes el pasado mes de octubre, cuando un
juez estadounidense exigió ver las pruebas.
En el Reino Unido, el caso de Binyam ha sido aún más significativo. El pasado agosto, dos jueces del
Tribunal Supremo condenaron
a los servicios de inteligencia británicos por su papel en su entrega y
tortura. Los jueces se mostraron preocupados al descubrir que el MI5 había
enviado agentes a interrogarle en mayo de 2002, cinco semanas después de que
fuera detenido en el aeropuerto de Karachi, porque debería haber quedado claro
que estaba retenido ilegalmente en Pakistán, y también criticaron a los
servicios de inteligencia por proporcionar y recibir información sobre él desde
julio de 2002 hasta febrero de 2003, cuando sabían que estaba incomunicado, y
no deberían haber participado sin recibir garantías fundadas sobre su
bienestar. La relación del Reino Unido con Estados Unidos, declaró los jueces,
"iba mucho más allá de la de un espectador o testigo de la presunta fechoría".
El Departamento de Estado de EE.UU. contra David Miliband
Los jueces también indicaron que consideraban que la información contenida en 42 documentos en
posesión del gobierno británico, relacionados con la entrega y tortura de
Binyam, debía ponerse a disposición del público. Sin embargo, el ministro de
Asuntos Exteriores, David Miliband, respondió invocando cuestiones de seguridad
nacional para impedir la divulgación de los documentos, y también presentó una
carta del principal asesor jurídico del Departamento de Estado estadounidense,
John Bellinger, en la que se indicaba que su divulgación perjudicaría la
relación entre las agencias de inteligencia británica y estadounidense.
"Queremos afirmar en los términos más claros", decía la carta,
"que la divulgación pública de estos documentos o de la información
contenida en los mismos puede provocar graves daños a la seguridad nacional de
EE.UU. y podría perjudicar los acuerdos existentes de intercambio de inteligencia."
Sin embargo, a pesar de los más fervientes deseos del ministro de Asuntos Exteriores, las preguntas sobre
el trato dado a Binyam -y sobre la complicidad británica en su entrega y
tortura- no han desaparecido. Precisamente el pasado fin de semana, la atención
sobre el papel del gobierno británico se agudizó considerablemente cuando, después
de que David
Miliband negara que EE.UU. hubiera hecho una amenaza específica e intentara
explicar que se trataba sólo del "principio fundamental" de
confidencialidad entre un país y otro, un "ex alto funcionario del
Departamento de Estado" declaró al Observer que la carta que mencionaba el
posible "daño" a la relación de intercambio de inteligencia entre
EE.UU. y el Reino Unido había sido solicitada directamente por el Ministerio de
Asuntos Exteriores.
"Lejos de ser una amenaza", declaró el ex funcionario, "fue solicitada [por el
Ministerio de Asuntos Exteriores]. El Foreign Office lo pidió por escrito.
Dijeron: 'Danos algo por escrito para que podamos hacerlo constar'. Si nos dan
una carta explicando que se oponen a esto, entonces podremos proporcionársela
al tribunal".
Como informó The Observer, el Ministerio de Asuntos Exteriores trató inmediatamente de restar importancia
a su papel, confirmando que había solicitado la carta al Departamento de
Estado, pero alegando que era simplemente "sensato y apropiado"
exigir una declaración de EE.UU. como parte del procedimiento judicial. Sin
embargo, otros no estaban convencidos, y el diputado tory David Davis acusó al
ministro de Exteriores de actuar para "evitar el bochorno de su propio Gobierno".
La tortura pakistaní como "parte de una política británica deliberada"
Si la noticia del domingo ya era lo suficientemente preocupante para el gobierno, su credibilidad
disminuyó aún más durante la semana, después de que The
Guardian examinara el testimonio realizado el verano pasado, durante la
revisión judicial de Binyam, por un agente del MI5 identificado sólo como
Testigo B, que fue responsable de interrogar a Binyam en Pakistán, antes de su
entrega a Marruecos. Como explicó The Guardian, el testimonio del
Testigo B indicaba que las circunstancias del interrogatorio de Binyam en
Pakistán formaban parte de una política británica deliberada, ideada por
asesores jurídicos de los servicios de seguridad y del gobierno.
Las declaraciones se produjeron hacia el final del siguiente intercambio, en el que el testigo B fue interrogado por
Dinah Rose QC, quien comenzó leyendo el siguiente extracto de las notas del
agente sobre su entrevista con Binyam en mayo de 2002: "Le dije a Mohamed
que tenía la oportunidad de ayudarnos y ayudarse a sí mismo. Las autoridades estadounidenses
decidirán qué hacer con él y esto dependerá en gran medida de su grado de cooperación."
P. ¿Por qué le dijo que las autoridades estadounidenses decidirían qué hacer con él?
R. Porque esperaba que las autoridades pakistaníes lo transfirieran a las autoridades estadounidenses.
P. ¿Por qué esperaba que eso ocurriera?
R. Porque eso había ocurrido en casos anteriores de los que yo tenía conocimiento y también porque en algún
momento me habían dicho que esa era la intención de las autoridades estadounidenses.
P. ¿Habló con algún estadounidense antes de entrevistar al Sr. Mohamed?
R. No estoy seguro de poder dar una respuesta completa a esta pregunta en sesión pública.
P. Me contentaré con dejárselo al Sr. De La Mare [el abogado especial designado para representar a Binyam en las
sesiones a puerta cerrada, en las que se debatieron pruebas secretas]. ¿Tenía
usted entendido que era legal que el Sr. Mohamed fuera transferido a las
autoridades estadounidenses de esta forma?
R. Considero que esa es una cuestión que compete a la alta dirección del Servicio de Seguridad y al
Gobierno.
P. ¿Le había dicho alguien alguna vez que era o no legal?
R. No recuerdo que me lo dijeran en absoluto, no.
P. ¿Le preocupó en algún momento?
R. Siempre que realizaba una entrevista, tenía cuidado de asegurarme de que contaba con la autorización de
mi dirección para proceder, y así lo hice en este caso. Era consciente de que
la cuestión general de entrevistar a los detenidos había sido debatida con
profundidad por los asesores jurídicos de la dirección del Servicio de
Seguridad y por el Gobierno, y actué en este caso, como en otros, con la fuerte
impresión de que se consideraba correcto y legal.
Abrir la caja de Pandora: otros ejemplos de tortura
The Guardian también sugirió que lo que describió como "una política oficial de
interrogatorios" había conducido a la tortura y el maltrato de otros
prisioneros británicos, una caja de Pandora que el gobierno británico también
ha estado tratando desesperadamente de ocultar. El pasado mes de julio, por
ejemplo, Ian Cobain, de The
Guardian, informó por primera vez de las acusaciones de que los
servicios de inteligencia británicos habían "subcontratado" la
tortura de ciudadanos británicos a los servicios de seguridad de Pakistán. El
artículo de Cobain mencionaba tres casos concretos:
Un estudiante de medicina, que no quiso ser identificado, explicó que "fue secuestrado a punta de pistola en
agosto de 2005 y retenido durante dos meses en las oficinas de la Oficina de
Inteligencia de Pakistán, frente a la Alta Comisión Adjunta británica en
Karachi", donde fue "azotado, golpeado, privado de sueño, amenazado
de ejecución y presenció cómo torturaban a otros reclusos". Añadió que fue
interrogado sobre los atentados terroristas de julio de 2005 en Londres, y que
"tras ser torturado por agentes paquistaníes fue interrogado por agentes
de los servicios de inteligencia británicos". Ahora trabaja en un hospital
del sur de Inglaterra, tras licenciarse en 2007, pero sigue traumatizado por lo
que le ocurrió.
Tariq Mahmood, de 35 años, taxista de Sparkhill (Birmingham), fue secuestrado en Rawalpindi en octubre de 2003 y
liberado sin cargos unos cinco meses después. Su familia explicó que "fue
torturado y que agentes del MI5 y de los servicios de inteligencia
estadounidenses intervinieron en su maltrato".
Tahir Shah, escritor londinense, fue detenido en 2005 y retenido durante 16 días. Interrogado también sobre los
atentados de julio de 2005, ha declarado que fue interrogado en "una
cámara de tortura totalmente equipada", que contenía "mangueras,
látigos y equipos eléctricos", donde "estuvo encapuchado y encadenado
durante largos periodos y privado de sueño". Según The Guardian,
"no alegó que funcionarios británicos estuvieran implicados, pero cree
improbable que no hubiera sido informados".
En diciembre de 2008 salieron a la luz otros dos ejemplos. En "The Testimony of Zeeshan
Siddiqui" (PDF), publicado por Cageprisoners, el ex estudiante de
ingeniería explicaba cómo había sido secuestrado en mayo de 2005 y torturado
horriblemente durante diez días. Después estuvo retenido otros siete meses.
Aunque no tenía conocimiento de que los servicios de inteligencia británicos
estuvieran implicados en modo alguno en el trato que recibió en Pakistán, está
claro que el gobierno británico actuó posteriormente basándose en la
información que obtuvo de él mediante el uso de la tortura. Tras regresar al
Reino Unido, se le impuso una orden de control, se le etiquetó y,
esencialmente, se le sometió a una forma de arresto domiciliario. Con el
tiempo", explicó Cageprisoners, "se quitó la etiqueta de la orden de
control y se fugó de la orden". Siddiqui sigue en paradero desconocido".
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Aún más chocante es la historia de Rangzieb Ahmed, de Rochdale, declarado culpable por
un tribunal británico y condenado a un mínimo de diez años de cárcel por ser
miembro de Al Qaeda y dirigir una célula terrorista compuesta por tres
personas. Como informó The
Guardian, al jurado no se le permitió oír que a Ahmed le arrancaron
tres uñas con alicates durante un calvario de un año en Pakistán, de agosto de
2006 a agosto de 2007, a manos del ISI (Inter-Services Intelligence), la mayor
agencia de inteligencia de Pakistán, ni que fue "golpeado con palos,
azotado con cables eléctricos, humillado sexualmente y privado de sueño".
Tampoco se informó al jurado de que no se había comunicado a la Alta Comisión
Británica que estaba detenido hasta poco antes de su liberación en el Reino
Unido (donde posteriormente fue detenido de nuevo), de que "el MI5 y la
policía de Greater Manchester pasaron preguntas a los ISI para que las
formularan a Ahmed durante su interrogatorio" y de que agentes del MI5
también le interrogaron mientras estaba bajo custodia de los ISI.
Antes de que comenzara el juicio, el abogado de Ahmed, Michael Topolski QC, intentó sin éxito que se
detuviera, argumentando, con cierta justificación, que, "debido al trato
que recibió en Pakistán, sería un abuso del proceso judicial que su juicio
siguiera adelante". Topolski señaló que los agentes británicos, los
servicios de seguridad y la policía "consintieron o fueron cómplices de su
tortura al facilitar preguntas a sus torturadores", y que seguir adelante
con el juicio "supondría para Gran Bretaña un claro incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del derecho internacional, de reprimir y desalentar la
tortura." Para un relato detallado de las experiencias de Ahmed, y su
explicación de cómo se encontraba en Pakistán para ayudar en labores de
socorro, véase "The Testimony of Rangzieb Ahmed" (PDF), publicado por
Cageprisoners justo después de su condena.
El alcance total de las turbias conexiones entre el MI5 y las agencias de inteligencia paquistaníes aún
no se ha revelado, por supuesto, pero es claramente una cuestión que necesita
una investigación exhaustiva, especialmente cuando The Guardian declaró
la semana pasada que había "sabido por otras fuentes que la política de
interrogatorios estaba dirigida a un alto nivel dentro de Whitehall y que se ha
desarrollado aún más desde la detención de [Binyam] Mohamed en Pakistán".
Afortunadamente, la Comisión Mixta de Derechos Humanos, presidida por el
parlamentario Andrew Dismore, está
investigando el asunto y, hace dos semanas, declaró que la ministra del
Interior, Jacqui Smith, sería llamada a declarar. Dismore explicó que había
llegado a creer "que los servicios de seguridad pueden estar operando al
amparo de una cláusula de escape al estilo James Bond".
Algunas razones pragmáticas para el regreso de Binyam
Como resultado de toda esta actividad, no es de extrañar que Binyam Mohamed pueda estar de vuelta en el
Reino Unido el lunes. Sin embargo, aunque hay que felicitar al gobierno
británico por haber presionado para su liberación durante los últimos 18 meses
-desde que solicitó
por primera vez su regreso al Reino Unido en agosto de 2007-, espero no
sonar demasiado cínico al añadir que conseguir su regreso también tendrá el
efecto de reducir al mínimo el debate público sobre su caso. Al igual que los
residentes británicos devueltos en marzo
y diciembre
de 2007, Binyam no tendrá derechos a su regreso y, hasta que el gobierno
británico resuelva su situación de residencia, no estarán dispuesto a hablar de
sus experiencias, aunque quisiera hacerlo. Y lo que quizá sea más importante,
sus partidarios también se verán obligados a guardar silencio en su nombre.
Esto no quiere decir que el gobierno intente eludir todas sus responsabilidades por lo ocurrido a Binyam.
Como quedó
claro en octubre, cuando Jacqui Smith pidió a la fiscal general, la
Baronesa Scotland, que investigara las "posibles infracciones
penales" por parte del MI5 y la CIA, el Gobierno ha abierto canales de
alto nivel para investigar el caso de Binyam, y sus partidarios se alegraron,
sin duda, al oír el miércoles que la baronesa Scotland ha pedido ahora el
asesoramiento de Keir Starmer, el Director de la Fiscalía Pública.
Como informó The
Guardian, la Baronesa Scotland escribió una carta a Andrew Dismore, en
la que explicaba que había visto las pruebas que el MI5 había entregado en
secreto al Tribunal Superior, y afirmaba: "Estoy, con el asesoramiento del
DPP, considerando el material para determinar si hay base para invitar a la
policía a llevar a cabo una investigación criminal en relación con uno o más individuos.
Aún así, queda por ver si se llevará a cabo una investigación en toda regla sobre el caso de Binyam y, en
caso afirmativo, qué tipo de calendario se prevé. Como señalaron los jueces del
Tribunal Superior hace dos semanas, sigue abierta otra vía para llegar a la
verdad, ya que el Comité de Servicios de Inteligencia (ISC), un comité de
investigación independiente que ya investigó el caso de Binyam en 2005 y 2007,
ha recibido copias de los 42 documentos cuya divulgación el Gobierno ha luchado
tanto por suprimir y, en palabras de los jueces, podrá "hacer preguntas inquisitivas
y difíciles" a los testigos de los servicios de inteligencia "sobre
las importantísimas cuestiones planteadas". Sin embargo, mantengo, a pesar
de ello, que el inminente regreso de Binyam al Reino Unido es útil para el
gobierno a varios niveles diferentes, no todos ellos relacionados con la
búsqueda de justicia.
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